Sencillamente quiero tocar un tormento más pragmático, algo que hoy está en la calle, que está en la Ley Penal y es efecto en el comportamiento de personas metidas en la política pero que cometen delitos, independientemente del móvil.
Pues bien, en este caso de lo que atormenta, no con el dolor corporal sino en el sentido de aflicción, disgusto o enfado, importa la "inhabilitación política" como pena. No es cosa nueva, es de viejos atardeceres de códigos penales. Sin embargo, en el presente de una democracia política se trata del tormento de la inhabilitación en la persona que hace y vive de la política, quien no está exenta de las imposiciones de la ley.
En Venezuela existe la "inhabilitación política" en el sentido de pena accesoria para los condenados a presidio o prisión. Siempre ha existido en los códigos penales de este país muy acostumbrados a un arsenal de penas, entre ellas ese fósil denominado "presidio" que, siendo inconstitucional, la ignorancia del legislador lo mantiene con su faz original de "trabajos forzados dentro o fuera del respectivo establecimiento" y de "aislamiento celular", es decir, que estamos muy distantes de un Derecho Penal moderno que hace tiempo enterró el "presidio" como pena corporal.
El Código Penal de Guzmán Blanco de 1873 estableció la "inhabilitación para ejercer derechos políticos o algún cargo público".
El código vigente entre nosotros, de tantas reformas para seguir igual, establece que la inhabilitación política no podrá imponerse como pena principal sino como accesoria de las de presidio o prisión, y produce como efecto durante la condena la privación de los cargos o empleos públicos o políticos y privación para obtener otros y para el goce del derecho al sufragio. O sea, sí hay una relación atormentada del político con el Derecho Penal que le afecta en alto grado, precisamente por ser político. Es el tormento de la inhabilitación política.
